Catalunya libre (de corruptos)

Caso ITV

Oriol Pujol, hasta 2013 secretario general de CDC y diputado autonómico, está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. La Justicia catalana destapó el caso en 2012: empresarios y políticos confabulados para amañar un concurso para la concesión en Cataluña de estaciones de inspecciones técnicas de vehículos (ITV). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusa al hijo del expresidente Jordi Pujol de usar su «peso político» para «obtener un beneficio económico para él y/o para sus amigos y colaboradores» y «vulnerar el derecho de libre concurrencia pública».

Caso Palau

Investiga el presunto desvío ilícito de dinero del Palau de la Música por parte de responsables de las entidades que gestiona esta institución, presidida por Fèlix Millet. El expresidente del Orfeó Català reconoció el desvío de 3,3 millones de euros para su beneficio, que destinó a reformas de sus propiedades y a viajes familiares, aunque una auditoría cifró la cantidad en 35 millones. La investigación judicial derivó en la apertura de tres procesos: por el expolio al Palau, por irregularidades en el proyecto de construcción de un hotel y por el desvío de fondos a CDC. El juez considera que CDC es responsable civil en la causa del Palau y le impuso una fianza de 3,2 millones, motivo por el cual su sede central en Barcelona está embargada. Supuestamente, el partido de Artur Mas se benefició de esta cantidad en el expolio del Palau.

Caso Clotilde

Xavier Crespo, diputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar, está imputado por su presunta relación con la mafia rusa y el blanqueo de capitales. El cabecilla de la red delictiva, Andrei Pretov, confirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos a Crespo, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como dos viajes a Rusia. La Fiscalía investiga si Crespo, durante su etapa como alcalde de Lloret de Mar, se lucró por la adjudicación ilegal del servicio de basuras del municipio. «Estoy harto de los corruptos de este país. Dejé de pagarles hace un año y medio aproximadamente porque me di cuenta de que podría haber conseguido lo mismo de forma legal», declaró Petrov al juez.

Caso Adigsa

O el caso 3%. Investiga desde 2005 el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por Adigsa, la empresa pública de vivienda de la Generalitat, durante el mandato del expresidente Jordi Pujol. Fue la frase de Pasqual Maragall -«Ustedes tienen un problema que se llama 3%»- lo que llevó al fiscal jefe de Cataluña a abrir diligencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe confirmar la inculpación de Ferrán Falcó (CDC), uno de los cuatro diputados del Parlamento catalán que mantienen su escaño a pesar de estar imputados. Otros imputados son los intermediarios José María Penín, cuyo hermanastro es pariente del conseller Felip Puig, y Jordi Honrubia, así como los constructores Ángel Egido y José Antonio Salguero, que destapó las irregularidades en la empresa pública.

Caso Pujol

Jordi Pujol Soley, el hombre que presidió la Generalitat catalana durante 23 años, hizo ayer un acto de contrición y confesó que su familia ha mantenido, fuera de España y sin declarar, una herencia millonaria. En un comunicado sin precedentes, Pujol admite que las cantidades acumuladas en el extranjero por su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos solo se han regularizado “en los últimos días”, de modo que han permanecido ocultas durante más de 30 años.

El dinero —cuya cuantía no especifica— procede de una herencia legada por su padre, el empresario Florenci Pujol. El expresidente catalán relata que su padre “dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero”, que no figuraba en el testamento, “fuera destinados a mis siete hijos y a mi mujer”. Pujol no fue designado heredero porque el padre, siempre según el comunicado, “consideraba errónea y de incierto futuro mi opción para la política, en lugar de seguir en el mundo de la actividad económica”. Su padre, agrega la confesión, vivió “la época difícil” de la Guerra Civil y la posguerra y “tenía miedo de lo que podía pasar”, en especial “a un político muy comprometido”.

Caso Innova

La operación, bautizada como Curatio, trata de desenmarañar una compleja trama de cohechos, adjudicaciones a dedo, contratos fraudulentos y facturas falsas e hinchadas que rodean al hospital Sant Joan de Reus, propiedad de Sagessa, financiado por la Generalitat e inaugurado hace cinco años bajo el mandato de Marina Geli al frente del Departamento de Salud. Las pesquisas están incluidas en la pieza separada 4 del sumario, aún bajo secreto. Uno de los asuntos a resolver es el coste que tuvo el hospital, del que aún quedan por pagar más de 90 millones. El exalcalde, el socialista Lluís Miquel Pérez, cifró en su día la inversión total en 170 millones, pero el actual Consistorio lo rebaja hasta 129 millones. Entre los detenidos el director de la mutua laboral Activa Mutua 2008, Miquel Àngel Puig, y Luís Márquez, propietario de una empresa de productos ortopédicos y de traumatología. Traiber, SL, que hoy está en concurso de acreedores, causó el pasado mes de noviembre una alerta sanitaria que obligó a revisar cientos de pacientes de prótesis que no contaban con los permisos pertinentes.

Registro sede de Convergència

La Guardia Civil registró ayer desde primera hora de la mañana la sede de la Fundació CatDem, vinculada a Convergència Democrática de Catalunya (CDC); cuatro ayuntamientos y la vivienda del ex tesorero del partido Daniel Osàcar; en una operación por el presunto cobro de comisiones ilegales del 3% que habría venido pagando la familia Sumarroca, íntimamente unida a CDC. Carles Sumarroca, padre de la saga, fue uno de los fundadores del partido junto a Jordi Pujol.

Los agentes han entrado también en los ayuntamientos de Lloret de Mar, Figueres y Sant Celoni para llevar a cabo otros registros.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la empresa constructora Teyco ha venido abonando al partido ‘mordidas’ a través de la fundación CatDem -antes Ramon Trias Fargas- a cuenta de los contratos por obra pública conseguidas en varios ayuntamientos catalanes. En concreto se trataría de los consistorios de Sant Cugat del Vallès; Sant Celoni, Figueres y Lloret de Mar.

La operación que lleva a cabo la Guardia Civil es la culminación de unas pesquisas que arrancaron hace un año y que el pasado 23 de julio ya vivieron una primera fase de gran importancia. Aquella jornada se puso en marcha la ‘Operación Petrum’ por la que fue detenido Jordi Sumarroca, hijo de Carles y ex consejero delegado de Teyco; su prima Susanna y su tío Joaquim. También fueron arrestados el ex alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, y un asesor fiscal de Teyco.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Teyco llegó a abonar más de 1,4 millones de euros desde siete empresas a Masagué a cambio de contratos de obra pública. Entre ellas la construcción de un aparcamiento por más de 2,5 millones de euros o la gestión del alcantarillado.

(Extraído de EL MUNDO, EL PAÍS y LA VANGUARDIA)

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